Ante la situación crítica en la que está inmerso el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Madrid, al borde del colapso con más de una treintena de las cámaras frigoríficas individuales averiadas –en los últimos tres días se sumaron nuevas neveras esta lista -, una sala frigorífica colectiva que no está en uso por la falta del material necesario y decenas de cuerpos que permanecen en las instalaciones, algunos desde hace más de un año, CCOO reclama a los diputados de la Asamblea de Madrid que pongan en marcha una comisión de investigación que ponga de manifiesto la precaria situación de este servicio público esencial y las penosas condiciones de trabajo en las que se desarrolla y se depuren responsabilidades
La Comunidad de Madrid no puede eludir su responsabilidad ni un día más en este asunto, debe dejar de ocultar esta realidad y manipular los datos, y cumplir con su obligación de garantizar la prestación del servicio con un mínimo de calidad y preservando la salud de los trabajadores que soportan los hedores de los cuerpos en descomposición que suben desde los sótanos
Después de que este sindicato denunciara este alarmante escenario que, recordamos, sucede en un edificio, el conocido como “donut” de Valdebebas, que se inauguró con todos los fastos por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hace apenas dos años, la Consejería se ha limitado a negar la situación con datos cuanto menos cuestionables
¿Mentía la Consejería hace dos años en sus numerosas notas de prensa, concretamente en las fechas de 27 agosto de 2020 y de 16 diciembre del mismo año y cuando decía que el IML tenía 123 cámaras frigoríficas, o lo hace ahora interesadamente cuando cifra este número en 132?
La Consejería en su versión de la situación afirma que son una veintena las cámaras estropeadas y ya se están reparando. Este sindicato ha podido comprobar que las cámaras averiadas son más de una treintena y, según datos ofrecidos por la propia Consejería a varios medios, no se espera que lleguen los nuevos motores hasta finales de febrero. Las decenas de cuerpos que permanecen en las instalaciones, según dice la Consejería, se cifran entre 60 y 80, pero este sindicato puede asegurar que la cifra de cadáveres que se custodian en este momento en el IML se acerca más a la parte alta de esa horquilla. A esto se añade que tres de las 123 cámaras individuales están en la publicitada Sala de Bioseguridad y no han llegado a funcionar nunca, y que de las dos cámaras colectivas de refrigeración, una está cedida al Hospital Zendal, y la otra no está en uso porque dos años después de la apertura del edificio las bandejas carecen de los rodillos deslizantes que permite colocar los cuerpos. Los números no salen. Estos días atrás ha llegado a haber, según el día, apenas una decena de cámaras libres. Una cifra ridícula para una Comunidad de más de 7 millones de habitantes en la que cualquier día normal puede haber entre 10 y 15 fallecidos por causas desconocidas que acaban en el IML. Y eso, sin ocurrir ningún accidente
La Consejería de Justicia y la Dirección de este Instituto de Medicina Legal deben responder por esta situación y aclarar por qué solo dos años después de la inauguración de esta sede se han averiado una cuarta parte de sus cámaras de refrigeración, cómo es posible que todavía no se han dotado las salas colectivas de refrigeración con el material necesario para su uso y por qué no funcionan las de la sala de bioseguridad
Si la Consejería mantiene que su gestión en el IMLyCF de Madrid es correcta y que en su sede que publicitaron como el icono de la actividad forense europea, no hay ningún problema, instamos a que abra las puertas del IML a la prensa –como lo ha hecho con intención propagandística más de una vez- y a los grupos políticos de la asamblea para que puedan comprobar la situación del servicio de primera mano
El 1 de febrero de 2020 entraba en funcionamiento este Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Madrid, 14 años después de su creación, y varios meses antes de que se hiciera efectiva la mudanza a su sede actual en Valdebebas, el edificio conocido como “el Donut” cuya construcción finalizó en el año 2010, y que fue el único que se llegó a ejecutar del fallido Campus de la Justicia proyectado por Esperanza Aguirre. Este edificio cuya construcción inicial ascendió a 21.400.000€, se puso en marcha en plena pandemia, en diciembre de 2020, tras una década cerrado durante la cual los gastos de mantenimiento y seguridad fueron de 176.263€/año. El Gobierno Regional invirtió otros 4.300.000€ en obras de finalización del edificio para ponerlo en marcha con una premura que CCOO denunció porque las instalaciones con reunían las condiciones óptimas para la prestación del servicio público a la ciudadanía madrileña
La dejación del Gobierno Ayuso no se queda ahí. Durante estos tres primeros años de vida del IML, la falta del material y equipos han impedido el normal funcionamiento del Servicio de Laboratorio, lo que ha hecho necesario remitir estas muestras al Instituto Nacional de Toxicología para su análisis. El colofón de este IML lo pone una sede, erigida en estandarte de la futura Ciudad de la Justicia, en la que gran parte de las salas y despachos distribuidos por las ocho plantas del edificio permanecen vacíos, y algunos a medio terminar, y donde el Instituto de Medicina Legal de Madrid no ha unificado todos sus servicios, manteniendo inexplicablemente una unidad, la de Extrajudiciales, perteneciente al Servicio de Clínica, instalada en un edificio de la calle Fernando el Católico
CCOO denuncia que la gestión del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Madrid, está plagado de sombras. EL Gobierno Regional no ha dudado, ahí no, en reconocer complementos astronómicos a los puestos de dirección (director y subdirector) que designa a dedo, a su medida. Y, además también lo hace con varias jefaturas, sin publicidad alguna, a pesar de la obligación de convocarlas a concurso público. Una estrategia que CCOO considera muy grave porque con ella se garantiza que la mayoría del Consejo de Dirección del IMLYCF sean puestos designados por el mismo Gobierno Regional
