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Comparativa del acuerdo firmado el 2 de diciembre por tres sindicatos y no suscrito por CCOO y el acuerdo pactado con el Ministerio el 14 de septiembre

  • El Acuerdo suscrito por tres sindicatos sucumbe al chantaje de Hacienda. El miedo a quedarnos sin nada nos ha atenazado, y hemos olvidado que todo lo que hemos conseguido en esta administración siempre ha sido con esfuerzo y lucha.

Un acuerdo alcanzado en septiembre gracias a la D.A. 157ª de la LPGE de 2021 que CCOO logró que se introdujera y sin movilización del personal de justicia, no solo no ha sido respetado por la otra parte, sino que tampoco ha sido defendido con la suficiente contundencia por la mayoría de las organizaciones sindicales. 

09/12/2021.
Actuar para avanzar. En defensa de la negociación colectiva

Actuar para avanzar. En defensa de la negociación colectiva

  • CCOO no firmó el nuevo Acuerdo porque rebaja sustancialmente el Acuerdo de Septiembre, pero quizás no hemos sabido trasladar que no solo hemos perdido dinero, sino que también vulnera el Derecho a la Negociación Colectiva, hemos perdido capacidad y respeto en la Negociadción, y esto tardará años en recuperarse.

LO QUE AUN NO TE HAN CONTADO DE LA FIRMA DEL ACUERDO CON HACIENDA

La firma del acuerdo suscrito finalmente Csif, Staj y Ugt con el “Ministerio de Justicia”, o realmente con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el pasado 2 de diciembre, no solo supone una importante pérdida económica respecto al pacto alcanzado el 14 de septiembre sino que, además, deja por el camino un reguero de importantes reclamaciones que CCOO y el personal de la Administración de Justicia hemos reivindicado desde hace mucho tiempo y a las que se había llegado al compromiso de negociar y que, sin lugar a dudas, hubieran supuesto un nuevo incremento económico en un futuro muy cercano. 

Destacamos algunas de las que recogía el Acuerdo de 14 de septiembre y que han sido eliminadas en el nuevo Acuerdo:

· Compromiso de negociar la carrera profesional durante el 2022.

· Compromiso de negociar la eliminación de los grupos de población, cuyo impacto económico es perfectamente cuantificable y que, en el ámbito no transferido afecta a todas las CCAA (todas ellas encuadradas en el Grupo III (57,74 €/mes en 2021) –excepto Palma de Mallorca que se encuadra en el Grupo II (28,87 €/mes en 2021) - y todos los Juzgados de Paz que se encuadran en el Grupo IV (86,61 €/mes en 2021)

· Otros compromisos que, sin poder cuantificarse ahora, sí supondrían un importante paso en nuestras retribuciones, como la productividad de los Cuerpos Generales y Especiales, 

· La modificación del sistema de guardias, que queda sin contenido alguno en el nuevo texto.

Un acuerdo, el de 14 de septiembre, que pese a no llegar al máximo de lo reclamado ni tan siquiera a posicionarnos en la mitad de la tabla de complementos específicos del resto de CCAA transferidas, suponía:

· Un incremento retributivo del 9%!!, algo extraordinario si lo comparamos con el incremento previsto para todos los empleados públicos en el año 2022 que será del 2% y algo impensable para un colectivo de empleados públicos que Hacienda y Función Pública no podía tolerar bajo ningún concepto, 

· Con una retroactividad de todo un año atrás, todo el año 2021!!! 

· Abonado en una sola paga de atrasos y en un mismo mes!!

· Y consolidado en el 2021!!!!!.

Además de lo anterior, este conflicto se ha llevado por delante muchas más cosas, el respeto al derecho a nuestra negociación colectiva en la mesa sectorial de Justicia, la defensa de lo ya negociado durante siete meses y finalmente acordado el 14 de septiembre; a dos altos cargos del ministerio de Justicia que, en nombre de la ministra de Justicia -desaparecida en todo el conflicto- han estado sentados al otro lado de la mesa y que finalmente, usurpados en sus funciones por el ministerio de Hacienda, han dimitido (o han sido obligados a dimitir) de sus cargos, se van en silencio y por la puerta de atrás, haciendo un flaco favor a la transparencia política y a la negociación. 

Han sido nombrados nuevos altos cargos al Ministerio de Justicia, pero vendrán sabiéndose vigilados por Hacienda y Función Pública. Sin lugar a dudas, la ministra de Justicia, seguramente llamada a ocupar futuros compromisos políticos, ha sido la gran protegida en este conflicto. 

Y habremos no solo perdido una enorme oportunidad de lograr un acuerdo que volviera a poner en valor el derecho a la negociación colectiva y al cumplimiento de los acuerdos, y abriera un camino expedito para la mejora de otros derechos profesionales y retributivos a los que quedaba obligada la Administración con el pacto alcanzado el 14 de septiembre.

 

CUADRO DEFINITIVO DE LAS PÉRDIDAS QUE SE PRODUCEN RESPECTO AL ACUERDO DE 14 DE SEPTIEMBRE, Y DE LAS CANTIDADES QUE SE PERCIBIRÁN FINALMENTE

CUERPO

TOTAL PÉRDIDA 2021 y 2022 (respecto al acuerdo de 14 de septiembre)

INCREMENTO C. Específico

DICIEMBRE 2021

INCREMENTO C. Específico ENERO 2022

INCREMENTO C. Específico ENERO 2023
GESTIÓN Y TEL DEL INTCF 

 -1110 €

120, 25 €/mes

 

1.322,75 € atrasos

37 €/mes

27,75 €/mes
TRAMITACIÓN Y AYUDANTES DEL INTCF  -990 €

107,25 €/mes

 

1.179,75 € atrasos

33 €/mes 24,75 €/mes

AUXILIO JUDICIAL 

-900 €

97,5 €/mes

 

1.072,5 € atrasos

30 €/mes 22,5 €/mes
LETRADOS DE LA ADM. DE JUSTICIA  -1170 €

126,75 €/mes

 

1.394,25 € atrasos

39 €/mes 29,25 €/mes
MÉDICOS FORENSES Y FACULTATIVOS DEL INTCF  -480 €

52 €/mes

 

572 € atrasos

16 €/ mes 12 €/ mes

Finalmente, la firma del acuerdo por Csif, Staj y Ugt y el Ministerio de Justicia el 2 de diciembre, incluyó también la desconvocatoria de la huelga del 15 de diciembre por los tres sindicatos. A pesar de esta desconvocatoria, CCOO no renunciamos a seguir reivindicando y presionando para que se repongan los derechos del personal de justicia con una retribución adecuada a la labor que se desempeña y un reconocimiento pleno a nuestra dignidad profesional.

En Documentos Asociados se puede ver una comparativa del acuerdo firmado por Csif, Staj y Ugt el 2 de diciembre y el pactado el 14 de septiembre para que pueda ser leído íntegramente por el personal de la Administración de Justicia. 

 

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