FONDOS EUROPEOS 

Como habíamos informado (ver nota de CCOO) tras la reunión en la Conferencia Sectorial del Ministerio de Justicia con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, las organizaciones sindicales hemos sido informadas en una videoconferencia celebrada en la mañana de hoy de los acuerdos adoptados en cuanto al destino de los fondos europeos de recuperación y resiliencia aprobados con motivo de la pandemia de la COVID-19.

El total de fondos que se distribuirán en la Admón. de Justicia entre el Ministerio (para su ámbito de gestión) y las CCAA con competencias asciende a 410 millones de euros: 48,5 millones en 2021, 210 millones en 2022 y 158 millones en 2023 aproximadamente.

En cifras aproximadas su distribución se hará en los siguientes programas:

● 280 millones para la puesta en marcha de la Ley de Eficiencia Digital

● 8,5 millones para la Ley de Eficiencia Organizativa

● 112,4 millones para la Ley de Eficiencia Procesal

● 9 millones para la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal

 

Según el Ministerio de Justicia, ya se están ejecutando, en mayor o menor medida según el territorio competencial, los fondos de este ejercicio de 2021 destinados en su mayoría a la implantación de los sistemas tecnológicos y a la adquisición de equipos informáticos para poder atender el teletrabajo y la interlocución telemática con la ciudadanía y profesionales (videoconferencias).

El Ministerio, tras las protestas de CCOO y resto de sindicatos, por la improvisada reunión y la atropellada exposición, se ha comprometido a enviarnos en un documento escrito con toda la información detallada. A la espera de dicho documento, entre otros, ha anunciado los siguientes programas:

● Fondos destinados a los nuevos mecanismos alternativos para la solución de conflictos que serán obligatorios antes de interponer las demandas judiciales. Se está elaborando un sistema electrónico para la tramitación de los expedientes de mediación que pueda incorporarse, en su caso, a la tramitación electrónica de las subsiguientes demandas.

● Un diseño, a través del Centro de Estudios Jurídicos, para la “transformación profesional” y las nuevas necesidades de formación y de capacitación en el nuevo sistema organizativo y tecnológico.

● Modernización de infraestructuras y edificios para la eficiencia energética y sostenibilidad ambiental (aunque sólo en referencia a las del ámbito del Ministerio de Justicia).

● Inteligencia artificial y justicia orientada al dato.

● Interoperativad de los sistemas de gestión procesal de las distintas administraciones territoriales.

● Servicios digitales destinados a la información a empresas y ciudadanía sobre los asuntos judiciales en que estén afectados.

● Digitalización de la totalidad de los actuales libros del Registro Civil e incorporación a Digireg de las inscripciones de Inforeg.

El Ministerio, con el argumento de su vinculación a los fondos europeos, ha planteado que las cuatro leyes y, particularmente la Ley de Eficiencia Digital y la Ley de Eficiencia Organizativa, deben estar implantadas en 2023. Una previsión que desde CCOO consideramos un tanto aventurada, por no decir temeraria, dada la dimensión de las reformas. Pero, sobre todo, porque CCOO no tolerará que la precipitación de esos proyectos atropelle los derechos de los/as trabajadores/as y sus condiciones laborales. Para empezar, en la relación de los programas a los que se destinarán los fondos europeos, no existe ninguna mención a los recursos humanos en la Administración de Justicia, ni siquiera a la necesaria formación del personal que será el encargado de ejecutar la reformas. 

 

LEY DE EFICIENCIA ORGANIZATIVA 

Por parte del Ministerio de Justicia se nos ha explicado el contenido del Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa sin ninguna novedad significativa (ver información anterior de CCOO) y desde este sindicato hemos planteado las siguientes propuestas para su mejora y para la garantía de los derechos laborales del personal de la Administración de Justicia:

1. Comienzo inmediato (en el mes de Septiembre, a más tardar) de las negociaciones de este Proyecto de Ley, comenzando por un acuerdo de garantías de las retribuciones por todos los conceptos, de que no se van a producir procesos de movilidad forzosa funcional ni geográfica y de que no se va a perder ni un solo puesto de trabajo.

Han de negociarse en la Mesa Sectorial los nuevos centros de destino, las nuevas RPTs adaptadas a las nuevas funciones y sistemas de trabajo y la dotación económica de los puestos de trabajo según sus nuevos cometidos. El nuevo diseño que se plantea de puestos de trabajo “deslocalizados” o que puedan atender a más de una oficina judicial o unidad exige un intenso proceso de negociación para evitar discrecionalidades y garantizar los derechos laborales.

2. Implantación de las Oficinas Municipales de Justicia, no solo en las localidades que no son cabecera de partido judicial, sino también en las medianas y grandes poblaciones en barrios o distritos municipales como elemento añadido de sostenibilidad medioambiental, para conseguir un Servicio Público de Justicia igualitario que no dependa del lugar de residencia y para atender las funciones de mediación y otros mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos (que plantea la futura Ley de Eficiencia Procesal) desde los servicios públicos sin necesidad de tener que acudir al ámbito privado para cumplir con este nuevo requisito legal.

3. Seguir incrementando el número de órganos judiciales donde la carga de trabajo así lo justifique, para igualar la ratio europea del número de jueces y juezas por cada mil habitantes y creando los puestos de trabajo que sean necesarios de los cuerpos de personal no judicial funcionario y laboral de la Administración de Justicia. Para CCOO, las reformas organizativas, tecnológicas y procesales por sí solas no van a dar solución a los retrasos y atascos estructurales y es necesario más empleo público en la Administración de Justicia.

4. Convocatoria de Ofertas de Empleo Público expansivas en la Administración de Justicia, al menos, con la totalidad de las plazas vacantes, para conseguir la profesionalización del personal que propugna la exposición de motivos de esta nueva Ley.

5. No comenzar el despliegue del nuevo modelo organizativo hasta que no esté garantizada la disponibilidad de medios tecnológicos (en todos los partidos judiciales y en todas las oficinas municipales de justicia) y la formación del personal para su uso y desarrollo y hasta que no esté implantada en todas y cada una de las sedes la oficina judicial y negociadas todas las RPTs (tanto las nuevas como las ya existentes que deben ser renegociadas para adaptar los puestos de trabajo y sus retribuciones a las nuevas realidades organizativas y a las nuevas funciones).

6. Hemos reclamado criterios objetivos para la posible extensión territorial a más de un partido judicial de la jurisdicción de determinadas secciones de los Tribunales de, o la determinación de qué secciones de los Tribunales de Instancia con competencia provincial pueden desplazarse a sedes distintas de la capital de provincia.

• Sobre este tema, hemos exigido la retirada de la LOPJ de la posibilidad de extender la competencia de los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer a más de un partido judicial dado el fracaso de las únicas experiencias puestas en práctica en el Campo de Gibraltar y en la provincia de Castellón. Para CCOO, son los servicios públicos de justicia especializados en esta materia los que deben acercarse a las víctimas de la violencia machista y vicaria y no obligar a estas víctimas a trasladarse a oficinas judiciales o de valoración forense integral cada vez más lejanas de sus domicilios.

7. Ante el planteamiento de este anteproyecto de Ley de dotar solo a las grandes poblaciones de Gabinetes Técnicos para la asistencia “a su respectivo Tribunal de Instancia mediante la elaboración de estudios e informes que se le soliciten”, CCOO hemos solicitado que estos Gabinetes Técnicos tengan una competencia territorial superior al municipio y se constituyan en todos los TSJ o provincias para la asistencia a todos los órganos judiciales de su territorio. Lo contrario es insistir en una Administración de Justicia de peor calidad para las pequeñas y medianas poblaciones y para su ciudadanía.

• Estos Gabinetes Técnicos estarían integrados, según el anteproyecto por personal de la carrera judicial y del cuerpo de LAJ, y CCOO hemos propuesto también que se doten con “Economistas Forenses” que puedan asistir a los tribunales en temas de especial complejidad económica cada vez más frecuentes.

8. Por último hemos reprochado que en la modificación de la LOPJ que se propone se hayan eliminado como centros de destino los Registros Civiles, la Mugeju y los Juzgados de Paz y no se hayan incluido las nuevas Oficinas Municipales de Justicia o la Fiscalía Europea recientemente creada. Esperemos que se trate de un error y que sea inmediatamente subsanado.

 

CCOO HA VUELTO A RECLAMAR, ADEMÁS, LA NEGOCIACIÓN PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO REGULADAS EN LA LOPJ

CCOO hemos vuelto a reclamar la negociación, junto a estas reformas organizativas que el ministerio propone, de la modificación de la LOPJ también para la mejora de las condiciones de trabajo del personal de la Administración de Justicia, entre ellas: el desarrollo de la carrera profesional; la recuperación del 50% de las plazas vacantes para la promoción interna y un turno de promoción interna de LAJ a las carreras judicial y fiscal; la obligatoriedad de negociar y regular los planes igualdad; OEP con todas las plazas vacantes que serán previamente ofrecidas sin excepción en los concursos d traslado. Y un largo etcétera, hasta casi 80 artículos de la LOPJ de lo que ya dimos cuenta en anteriores informaciones de CCOO como la que pueden verse en este enlace.