La Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid atraviesa una situación insostenible. La implantación de las nuevas Oficinas Judiciales, lejos de venir acompañada de los medios personales y materiales necesarios ha desembocado en un escenario de desorganización, sobrecarga de trabajo, de inseguridad jurídica e incertidumbre laboral que están pagando quienes sostienen diariamente este servicio público esencial: sus trabajadores y trabajadoras.

CCOO viene advirtiendo (de ahí las movilizaciones que este sindicato ha convocado en solitario a lo largo de 2025 y primeros de 2026, durante la implantación de las NOJ),  y denunciando las consecuencias del modelo organizativo implantado por la Comunidad de Madrid basado en grandes centros de destino que permiten una movilidad funcional cada vez mayor, reducen drásticamente las posibilidades de movilidad voluntaria y dejan al personal expuesto a decisiones arbitrarias sobre la asignación de tareas, funciones y equipos. Se exigen funciones y responsabilidades sin compensación ni reconocimiento alguno, se imponen funciones y tareas por la vía de la delegación pero que son otros quienes las cobran (LAJ) y se generan situaciones de inseguridad sobre el puesto concreto que debe desempeñar cada trabajador o trabajadora.

A este despropósito se añade la falta de criterios homogéneos y negociados para organizar los equipos, distribuir las cargas de trabajo, para asignar al personal a unas unidades, equipos u otros, para establecer la plantillas mínimas durante las vacaciones, regular las sustituciones horizontales sí como las sustituciones de los servicios de guardia.

CCOO denuncia que este deterioro no es inevitable. Es la consecuencia de un modelo organizativo impuesto sin negociación real, sin los medios personales necesarios y sin garantías suficientes para quienes deben hacerlo funcionar cada día: los/as trabajadores/as.  Y es que la Consejería no sólo ha sido cicatera en la dotación de medios personales adicionales que serían necesarios para la implantación de la NOJ sino que ha ido más allá: De los aproximadamente 7.200 puestos de trabajo que conforman las plantillas de los cuerpos generales y que están presupuestados, desde hace un año ha venido allá manteniendo 800 vacantes sin cubrir, a lo que habría que añadir las situaciones de IT y las licencias o permisos de larga duración. Son puestos presupuestados: el dinero existe y se han dejado sin gastar ¡¡más de 33.000.000€!! 

No es falta de recursos, es una estrategia de intolerable explotación de los/as trabajadores/as. La consecuencia es clara: más asuntos, menos efectivos disponibles, mayor presión sobre las plantillas y un deterioro que afecta tanto a la salud laboral como a la calidad y agilidad del servicio público.

ES UN HECHO. La implantación de las estructuras de nuevas Oficinas Judiciales diseñadas por la Comunidad de Madrid ha cambiado las reglas del juego de forma radical. Ha triturado conquistas laborales históricas y, con ellas, las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, que se encuentran en la más absoluta indefensión e inseguridad jurídica. Lo que se vive a diario es esto:

• Macro centros de destino en los que el volumen de asuntos ha crecido de forma exponencial en todas las jurisdicciones y es palmaria la falta de personal.  Aunque es general, es alarmante la situación en los centros de destino de la jurisdicción civil y la mercantil.
• Nuevas funciones y responsabilidades sin compensación alguna.
• Equipos funcionales cuyo número de integrantes cambia, con personal expuesto a la arbitrariedad de sus responsables a la hora de asignarle tareas, adscribirlo a unidades o equipos, exigirle que se multiplique o aprobarle permisos con criterios inventados.
• Guardias en los partidos judiciales de la periferia con una duración, unas condiciones y unas retribuciones inaceptables, agravadas porque la Consejería ha reducido el número de personas obligadas a prestarlas, incluso en situación de disponibilidad, sin reconocimiento ni regulación alguna. 

AUNQUE SUFRIMOS SUS DECISIONES, EL CONSEJERO DE JUSTICIA, Miguel Ángel García Martín, SIGUE DESAPARECIDO PARA LOS/AS TRABAJADORES/AS, MIENTRAS SE RELACIONA DE FORMA CÓMPLICE Y FRECUENTE CON LAS ALTAS ESFERAS DE LA JUSTICIA MADRILEÑA.      BASTA YA!! EL CONSEJERO DEBE NEGOCIAR SIN DEMORA LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS NOJs.

La mayor transformación organizativa en la historia democrática de la justicia madrileña se está llevando a cabo sin que el Consejero, pese a las reiteradas reclamaciones de CCOO,  haya convocado ni una sola vez a los representantes de los trabajadores/as a reunión de Mesa Sectorial y sin haber asistido a ninguna de las pocas convocadas desde la Dirección General de Justicia. Lejos de cumplir con su obligación de negociar las nuevas condiciones laborales con el personal que sostiene el servicio público día a día, el consejero ha optado por darle la espalda. Eso sí ha concentrado todos sus esfuerzos en alinearse y pactar en exclusiva con las altas autoridades judiciales de la región (TSJM) con las que, lamentablemente, pacta a espaldas de los trabajadores/as cuestiones relacionadas con sus condiciones laborales. Esta desconexión deliberada es una muestra de su evidente clasismo, de un modelo de gestión que desprecia los derechos de los trabajadores/as a su servicio.  laborales del personal a su servicio.

Por eso, CCOO ha exigido nuevamente y por escrito al consejero de Justicia que dé la cara, convoque de inmediato la Mesa Sectorial con su presencia inexcusable y abra la negociación de un nuevo Acuerdo Sectorial o la revisión del Acuerdo vigente para revertir que revierta el deterioro laboral y retributivo de los trabajadores/as de la Administración de Justicia y garantice unas condiciones de trabajo dignas, seguras y justas.

Esta reclamación no es un capricho. Las cláusulas decimocuarta y decimoquinta del Acuerdo Sectorial 2024-2027 blindaron explícitamente que, con independencia de su vigencia temporal, la Administración debe negociar las condiciones de trabajo cuando se vean afectadas por reformas legislativas o modificaciones normativas. Con el impacto de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, los supuestos se cumplen de forma escrupulosa y facultan a CCOO  para reclamar la revisión a fondo del clausulado o un nuevo Acuerdo, algo que venimos exigiendo reiteradamente desde CCOO.  

La situación de las condiciones laborales de los trabajadores/as de la justicia madrileña es insostenible y no admite más demoras. CCOO EXIGIMOS AL CONSEJERO LA INMEDIATA CONVOCATORIA DE MESA SECTORIAL PARA NEGOCIAR, entre otras, las siguientes reivindicaciones:

- La COBERTURA INMEDIATA DE LA TOTALIDAD DE LOS 800 PUESTOS de trabajo en situación de vacante, así como de lo que están en situación de IT y demás licencias o permisos con reserva de plaza al titular y, la garantía de que, en el plazo máximo de 7 días naturales se cubran todos lo que se van quedando en las situaciones descritas.  La intolerable estrategia de la Consejería de mantener cientos de puestos de trabajo sin cubrir a pesar de estar presupuestados, obliga al personal a asumir ingentes cargas a costa de sus derechos y de su salud y lastra un servicio público esencial como es éste de la Justicia. 

- La CREACIÓN DE UN MÍNIMO DE 650 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO de plantilla ante el aumento de la carga de trabajo en las Oficinas Judiciales, Fiscalías,  Registros Civiles, Oficina de Justicia del Municipio e IML: CCOO hemos venido exigiendo la creación de al menos esos 650 nuevos puestos de trabajo en las Oficinas Judiciales de Madrid para garantizar la viabilidad del servicio público. No es una cifra al azar -aunque es una cifra que se empieza ya a quedar corta-, son las necesidades de creación de plantilla que venía reclamando el TSJ en los últimos años antes de la implantación de los Tribunales de Instancia y que, como decimos, se está viendo ya superada a tenor de los datos estadísticos de constante incremento de entrada de asuntos y asuntos en trámite en prácticamente todas las jurisdicciones y partidos judiciales. La próxima incorporación, anunciada para 2027, de 69 nuevos jueces y magistrados y 32 fiscales vendrá a incrementar la necesidad de aumentar las plantillas, y CCOO exigimos que se haga en la misma relación que hubiera resultado cuando se creaban los anteriores juzgados donde, además del juez y el LAJ, había una plantilla completa según el tipo de juzgado. Todo lo demás, será aumentar el cuello de botella. 

- El INCREMENTO LINEAL DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO EN 400 €/MES.  La drástica modificación de las condiciones laborales de los/trabajadores/as de la justicia madrileña con un severo recorte de la movilidad voluntaria y, por contra, el incremento de la movilidad funcional forzosa como como consecuencia del modelo organizativo impuesto en el ámbito de la Comunidad de Madrid; el incremento la nuevas funciones, tareas y responsabilidades, la arbitrariedad en la asignación de funciones a través de protocolos no negociados exigen un reconocimiento y reparación económica justa. 

- La modificación de las RPTs con el fin de CREAR MÁS CENTROS DE TRABAJO Y DE DESTINO ( más servicios comunes, más áreas y ó equipos)  más reducidos, más cercanos  e identificable para los ciudadanos y profesionales, que reduzcan la arbitrariedad en la asignación de tareas y la movilidad funcional y permitan recuperar parte de la movilidad voluntaria y reducir la incertidumbre e inseguridad del personal por desconocer cuál podrá ser su concreto puesto de trabajo y durante cuanto tiempo. 

Sirva de ejemplo de esa inseguridad e incertidumbre el caso del personal del Cuerpo de Auxilio Judicial que ocupa puestos genéricos en el Servicio Común General de Madrid (Área de Registro y Reparto y Asuntos Generales) en el que cientos de trabajadores/as, a pesar de la existencia de cuatro diferentes jurisdicciones, pueden ser adscritos a cualquiera de ellas por el director/a de dicho Servicio Común General.  En el mismo caso- aunque con un número mucho menor, se encuentran los/as trabajadores/as de lo Cuerpos de Tramitación Procesal y Gestión Procesal destinados en dicho SC General ó los funcionarios/as de todos los Cuerpos destinos en los Servicios Comunes General de los partidos judiciales de la periferia.

La definición en las RPTs de las características de todos los puestos de trabajo, particularmente de las funciones que conllevan, de la jornada y horarios, si implica la prestación de servicios de guardia y, en su caso, de qué tipo, en qué horarios, retribuciones y compensaciones así como el número de efectivos que deban prestarla. 

Todo tipo de guardia debe reflejarse en las RPTS, cuestión que no está siendo así- menos aún todas las características que conlleva –en la publicadas ya que, como es el caso del Área de Familia e Incapacidades, se impone al personal asignado para tramitar procedimiento de incapacidades que debe realizar “guardias” para tramitar los internamientos involuntarios.  Tampoco se incluyen las que debe prestar el personal destinado en el Área de lo contencioso-administrativo. Por tanto, este personal viene obligado a unas condiciones laborales sin regulación ni compensación alguna.

La negociación de un RESOLUCIÓN QUE REGULE LAS CONCRETAS CONDICIONES DE TRABAJO Y RELACIONES LABORALES EN LAS NUEVAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS y que establezca  los criterios generales y objetivos de asignación a equipos, atribución de tareas, funciones y carga de trabajo en el mismo centro de destino 

La negociación de la regulación de las SUSTITUCIONES HORIZONTALES (en el miso cuerpo) más necesarias, aún si cabe, en las nuevas estructuras organizativas impuestas por la Consejería de Justicia determinando que deben establecerse, en prime término, con carácter voluntario y en todo caso con carácter retribuido. 

La MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RETRIBUTIVAS DE LAS GUARDIAS DE PERIFERIA Y DEL IML: La situación en que se presta el servicio de guardia de 8 días en los partidos judiciales de la región es insostenible. Si la carga de trabajo ya era del todo asfixiante en los últimos años, la decisión de su Consejería de reducir y limitar el número de personas que deben prestar este servicio de guardia en cada partido judicial basándose en unos datos incompletos y que no tienen en cuenta las condiciones particulares en las que se desarrollan estas guardias y la inadecuación de los horarios a las necesidades del servicio, ha ahondado en la penosidad de la prestación de este servicio esencial. Urge la negociación de un nuevo sistema de guardias para la periferia y del IML y urge sobre todo acabar con la discriminación del valor/hora de estas guardias, que deben retribuirse con arreglo al mismo valor/hora que las guardias de los Juzgados de Instrucción de Madrid, incluida la retribución adicional por sábado, domingo y festivo, 24 ó 31 de diciembre. Actualmente la retribución de la guardia de 24h es de 251,84€ y de 61€ adicionales si es sábado, domingo o festivo, mientras que la guardia de ocho días se retribuye con 346,73€ y sin el complemento adicional.  Y a ello se suman otros dos elementos que este sindicato exige regular y retribuir: que al personal se le obliga a quedar en situación de disponibilidad para el caso de ser requerido para hacer sustituciones durante el servicio de guardia, sin ningún tipo de regulación ni retribución alguna; y que este personal (el que debe hacer guardias en la periferia) debe asumir los asuntos de violencia sobre la mujer durante los fines de semana y festivo y, diariamente, desde la finalización del horario de actuación de la Sección de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia de los partidos judiciales de la periferia. 

CCOO denunciamos también la penosidad de las condiciones laborales del personal adscrito a Violencia sobre la Mujer en los Servicios Comunes de Tramitación de la periferia y reclamamos la mejora del complemento específico del personal adscrito a estos puestos de trabajo.

La negociación de un PLAN DE CHOQUE PARA MEJORAR LAS CONDICIONES LABORES EN LAS JURISDICCIONES CUYA ELEVADO NÚMERO DE ASUNTOS ES ESTRUCTURAL (caso, entre otros, de la jurisdicción civil, mercantil, etc) . estableciendo un complemento específico diferenciado por carga de trabajo . 

La negociación de la ADAPTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS, sobrepasada por la nueva realidad organizativa, y sobre todo urge terminar con la arbitrariedad y los criterios inventados por cada LAJ Director para la organización y establecimiento de la plantilla mínima para garantizar la prestación del servicio de cara a la organización de los turnos de vacaciones. 

La NEGOCIACIÓN DEL TELETRABAJO: No es necesario escudarse en el Ministerio para regular el teletrabajo cuando la Ley de Eficiencia ya lo ampara. No hay más excusas para seguir privando a los trabajadores/as de la administración de Justicia de Madrid de una modalidad de trabajo de la que disponen en la mayoría de los ámbitos con competencias y que, desde su propia Consejería, se utiliza solo a su conveniencia. 

BOLSA DE INTERINOS: Exigimos una rectificación radical en la interpretación restrictiva y presuntamente ilegal que la Dirección General aplica al nuevo Decreto 73/2025. Es una flagrante vulneración del principio de irretroactividad relegar al final de la bolsa a profesionales interinos que cesan con más de tres años de antigüedad en su último nombramiento. Además, reclamamos transparencia en la gestión de las bolsas, la publicación de todos los puestos de trabajo a cubrir por este sistema y la asignación, por orden de la puntuación de sus integrantes, a quienes los solicitan. De ese modo- como hemos venido reclamando y argumentando- se garantiza tanto la cobertura de todos los puestos de trabajo (incluso de los más penosos) y que las bolsas de trabajo no se queden vacías enseguida por expulsar de las mismas a quienes no haya aceptado un puesto de trabajo que por su lejanía no podrían asumir.

Menos propaganda y más derechos:  La Administración de Justicia no puede seguir funcionando a costa del sobreesfuerzo permanente de sus trabajadoras y trabajadores. No es razonable exigir más funciones, más flexibilidad y más responsabilidades mientras se mantienen puestos sin cubrir, se deterioran las condiciones laborales y se bloquea la negociación. La Administración de Justicia de Madrid no puede seguir siendo el vagón de cola de las prioridades políticas, ni su personal puede seguir recibiendo indiferencia y ninguna valoración de un trabajo que sostiene, por encima de sus responsabilidades, el servicio público en la Comunidad de Madrid. Si el consejero sigue sin dar la cara, CCOO no descarta movilizaciones.

A LA HORA DE LA VERDAD, CCOO ¡¡POR LA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y SALARIALES EN LAS NUEVAS OFICINAS JUDICIALES!!