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Informe/ Los juzgados de violencia de género: situación ante la comarcalización, de Jacinta Navas, José María Vico y Marian Rubí

    Jacinta Navas, José María Vico y Marian Rubí escriben sobre las consecuencias nefastas que tendrá sobre las víctimas de violencias machistas la comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer y se detienen especialmente en dos ejemplos: el Campo de Gibraltar y la Comunidad Valenciana. Las víctimas de las violencias machistas necesitan más hechos que les apoyen decididamente y que se les ayude a salir de la espiral de violencia, no necesitan más campañas televisivas vacías de contenido. Escuchar sus necesidades específicas puede ser un buen comienzo.

    03/12/2020.
    Fotografía de Txefe Betancort.

    Fotografía de Txefe Betancort.

    LA LEY Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Estatuto de la Víctima, el Convenio de Estambul..., en definitiva un conjunto de normas obligaban a las distintas administraciones responsables a cumplir unos requisitos de formación del personal en materia de igualdad, perspectiva de género y violencia contra las mujeres y a la adecuación de los espacios judiciales para la protección de las víctimas y menores de edad.

    Sin embargo, toda esa normativa ha sido en la práctica papel mojado. Se ha mantenido el engaño de llamar “especializados” a juzgados que simplemente eran exclusivos y han metido a las víctimas en cuartos de limpieza, archivos o jaulas prefabricadas para garantizar su protección.

    El informe para un Pacto en materia de violencia de género, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el día 28 de septiembre de 2017, acordó avanzar hacia una efectiva formación y especialización en violencia de género de las personas profesionales que trabajan en este ámbito por ser un elemento clave para una adecuada respuesta judicial.

    En el año 2018, se publica la ley, que reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Con esta ley comienza la verdadera especialización de las personas de la carrera judicial titulares de juzgados de violencia sobre la mujer, de los juzgados de penal exclusivos en violencia de género y de las secciones de las audiencias que conozcan la materia. Mucho tiempo ha costado comprender que si desde hace años existen especialistas en materias como contencioso administrativo, social o mercantil, la violencia contra las mujeres merecía, al menos, igual grado de estudio, formación y especialización en el ámbito de la carrera judicial.

    Bienvenido sea el cambio de actitud, aunque los resultados generales y efectivos no empiecen a verse hasta que transcurran unos cuantos años, pero no basta este pequeño paso. Para cumplir con la normativa europea, hay que formar adecuadamente a todo el personal judicial que trabaja con víctimas de violencia de género y no sólo al de la carrera judicial, que además incluso para este personal se ha quedado corta la reforma, olvidando a los jueces y juezas de los juzgados mixtos de los pueblos que también llevan violencia de género. No está clara la verdadera intención de las Administraciones al optar por comarcalizar los juzgados de violencia sobre la mujer en lugar de extender la especialización, alejando la justicia de las ciudadanas, en este caso personas vulnerables a las que hay que proteger facilitándoles el acceso a la tutela judicial y no añadiendo trabas para el acceso a la misma.

    El caso del Campo de Gibraltar

    HASTA EL pasado 1 de octubre existían tres juzgados con competencias en violencia sobre las mujeres: Algeciras, con competencia exclusiva; San Roque y La Línea, con competencias compartidas en materia civil y penal; para atender a una comarca muy amplia: 1.529 km2, con población superior a las 250.000 personas y numerosos municipios muy separados entre sí.

    Estos órganos judiciales, dotados de plantillas insuficientes, sedes judiciales obsoletas y con pocos medios materiales, a pesar del esfuerzo que realizaban, estaban al borde del colapso. Los últimos datos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía así lo corroboran, se supera con creces los módulos de trabajo ideales establecidos por el Consejo General del Poder Judicial para dar un buen servicio público.

    Esta situación, en vez de corregirse por parte de la Administración, ampliando personal, actualizando sistemas informáticos, mejorando la coordinación con el resto de profesionales que operan en esta materia, formando en sensibilización sobre violencia de género, y estableciendo un plan a medio plazo de mejora de las instalaciones, se ha ido degradando paulatinamente.

    La “solución” por la que se ha optado ha sido la comarcalización, es decir, centralizar las actuaciones de toda la amplia comarca del campo de Gibraltar en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Algeciras. Se aleja así el acceso de las víctimas a los juzgados, eso sí, se contenta a la judicatura, que llevaba tiempo clamando por esta actuación, que solo es beneficiosa para su comodidad.

    Se realiza este cambio sin aumentar el número de efectivos, a pesar de incrementarse exponencialmente los expedientes para resolver y sin mejorar las instalaciones del Juzgado de Algeciras. Las principales deficiencias: habitación para las victimas muy pequeña y sin ventilación, no existen dependencias para los investigados no detenidos (con lo que difícilmente se puede evitar el contacto con las víctimas), ni se cuenta con sala Gesell (habitación acondicionada para permitir la observación con personas) para declaraciones de menores y víctimas sensibles. Tampoco se ha adoptado ninguna medida para el traslado de las víctimas residentes en localidades alejadas de Algeciras con falta de medios propios y en una zona que carece de buenos transportes públicos.

    La comarcalización en la Comunidad Valenciana

    SI UNA MUJER reside en el municipio de Fuente La Reina (Castellón) y es víctima de la violencia machista, cuando reúna el valor suficiente para denunciar a su agresor, tendrá un problema añadido: resolver cómo recorre los 80 kilómetros que la separan del Juzgado de Vila-real que atenderá su denuncia. La primera vez será difícil, porque, en ocasiones, se puede jugar la vida. Pero después habrá otras muchas que le exigirán el mismo recorrido. Para la separación o divorcio, y cualquier trámite posterior ya que será ese mismo juzgado el que se ocupe al haber tramitado inicialmente la denuncia. Así es el procedimiento.

    Tampoco nadie parece haber tenido en cuenta que los distintos procedimientos judiciales, derivados de la denuncia inicial por violencia de género que afectan a la víctima y también a quienes testifiquen, personas obligadas a comparecer ante el órgano judicial desplazándose desde localidades donde no existe ningún tipo de servicio público de transponte.

    Como el caso de la Fuente la Reina nos podemos encontrar con otra multitud de pueblos que pertenecen al Partido Judicial más grande de toda la provincia de Castellón, Segorbe, en que el que pueblos como Pina de Montalgrao, El Toro y otro largo número de ellos, se encuentran a grandes distancias de Villa-real y sin ningún, o escasosmedios públicos de transporte.

    No parece esta medida la forma más adecuada de garantizar la seguridad de las víctimas de violencia machista, medida gravemente disuasoria a la hora de facilitar la denuncia, que sólo verán incrementadas las complicaciones y riesgos de su acción. No basta con grandes campañas publicitarias televisivas, es necesario acercar la justicia a las víctimas, no alejarla y añadir dificultades.

    Pero así será si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comarcaliza el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vila-real, atendiendo a la petición emanada desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, y en contra del criterio de CCOO. Ello significa cargarse con premeditación y alevosía el principio de proximidad, obligando a las usuarias a desplazarse largas distancias para cualquier trámite o consulta.

    Desde el 1 de enero de 2019 el Juzgado Exclusivo de Violencia sobre la Mujer está asumiendo esta nueva carga de trabajo con la misma plantilla que tenía antes de la entrada en vigor de la comarcalización de los Juzgados de Segorbe y Nules. Plantilla que había sido objeto de una amortización de plazas en dos ocasiones y que no se ha incrementado a pesar del aumento del volumen de procedimientos y, sobre todo, de la extrema urgencia de la tramitación de los mismos. De esta urgencia depende la vida de muchas mujeres, no lo olvidemos, en este caso estamos hablando de vidas no de números.

    CCOO no dejó en ningún momento de reclamar otras soluciones, como la ampliación de las plantillas en los juzgados de Segorbe y Nules, la creación de un Servicio Común Procesal de Asuntos Generales, con plantilla nueva en Segorbe o la creación de un nuevo juzgado en Nules. Soluciones lógicas si se apuesta por unos servicios públicos de calidad, que acaben con las penosas consecuencias de los recortes e incluyan la recuperación de recursos y medios y que hubiera permitido poder atender la violencia de género con la debida premura y sin menoscabo de la llevanza del resto de asuntos judiciales. Por desgracia, la decisión final fue seguir adelante con la comarcalización en lugar de apostar por mantener la justicia de proximidad, que es la que se merece la ciudadanía.

    No menos importante, que lo anteriormente expuesto, es la falta de formación y especialización, principal argumento por parte de la judicatura y de la Conselleria de Justicia para seguir adelante e implantar este proyecto. No existe tal especialización, no es cierto, ni se exige a jueces y juezas titulares de estas plazas, ni a las plantillas que en ellos trabajan ningún tipo de especialización. Es, por tanto, un argumento que se cae por su propio peso. En el caso de la Comunidad Valenciana la única ventaja que ha supuesto la comarcalización de los Juzgados de Violencia de Género es el ahorro económico que le supone a la Administración: dejar de pagar el complemento por asumir la violencia de género que cobraba parte del personal de los juzgados de Segorbe y Nules, a favor de no tener que pagar nada, ya que en el Juzgado de Violencia de Villa-real no hay ningún tipo de compensación económica.

    Como suele pasar, la cuestión económica ha pasado por encima de los derechos y necesidades de las víctimas de esta gran lacra social que es la violencia de género.

    Jacinta Navas es responsable de Mujeres e Igualdad del Sector de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO; José María Vico es responsable de Comunicación del Sector de Justicia de CCOO de Andalucía y Marian Rubí (@ccoojusticiaPV) es coordinadora del Sector de Justicia de CCOO del País Valencià.

    Revista Trabajadora, n. 71 (noviembre de 2020).