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CCOO exige al Ministerio de Justicia la negociación inmediata de los aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que afectan a las condiciones de trabajo

  • Aprobado ayer en el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El anteproyecto de ley contempla el traspaso de la investigación de los delitos desde los juzgados de instrucción a las fiscalías y el Ministerio de Justicia tiene que comprometerse con CCOO, y el resto de sindicatos representativos, a garantizar las retribuciones actuales por guardias de quién actualmente las percibe ni suponga el traslado forzoso de ningún/a trabajador/a.

25/11/2020.
Fachada del Ministerio de Justicia, Madrid.

Fachada del Ministerio de Justicia, Madrid.

 

CCOO EXIGIMOS EL INICIO INMEDIATO DE LAS NEGOCIACIONES PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN Y FISCALÍAS

El Gobierno ha dado luz verde a la tramitación del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que, como aspecto que más puede afectar a nuestras condiciones de trabajo, asigna al Ministerio Fiscal la investigación de los delitos que ahora tienen encomendada los juzgados de instrucción. Aun no se conoce el texto completo del anteproyecto pero las líneas fundamentales de su contenido pueden deducirse de la referencia del Consejo de Ministros (y de Ministras) celebrado ayer.

Sin perjuicio de otras novedades que puedan contenerse en el texto de esta Ley, este nuevo modelo de proceso penal va a influir de forma muy significativa en el trabajo que desarrollamos en los Juzgados de Instrucción y en la Fiscalías y, por tanto, va a afectar a nuestras condiciones de trabajo. Fundamentalmente nos preocupa:

- Quién hará y, por tanto, cobrará las guardias. Sería intolerable para CCOO cualquier decisión unilateral que disminuya las retribuciones actuales.

- Cuáles serán las futuras plantillas de las fiscalías y de los juzgados de instrucción o mixtos. Para CCOO es igualmente inaceptable que se pudiera pretender la movilidad forzosa.

POR ELLO, DESDE CCOO HEMOS SOLICITADO AL MINISTERIO DE JUSTICIA LA CONVOCATORIA URGENTE DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN:

 

√ EN CUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO QUE OBLIGA A NEGOCIAR LAS MODIFICACIONES ORGANIZATIVAS QUE AFECTEN A LAS CONDICIONES DE TRABAJO.

 

√ PARA GARANTIZAR LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL Y QUE NO HABRÁ PROCESOS DE MOVILIDAD FORZOSA NI PÉRDIDA DE PUESTOS DE TRABAJO.


NEGOCIACIÓN ¡¡YA!! DE LA NUEVA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

En otro orden de cosas, CCOO hacemos la siguiente valoración de esta medida:

1.- El traspaso de la investigación criminal al Ministerio Fiscal en el proceso penal no es una prioridad ante los gravísimos problemas que afectan a la Administración de Justicia. Para atender la sobrecarga de trabajo actual en multitud de órganos judiciales, fiscalías y servicios no jurisdiccionales lo urgente es incrementar el número de oficinas y plantillas de todos los cuerpos funcionariales y categorías profesionales del personal laboral, mejorar significativamente los sistemas informáticos de gestión y comunicación, efectuar un verdadero plan de formación continua del personal, especialmente orientado a las nuevas tecnologías, y profesionalización y especialización de los trabajadoras y las trabajadoras a través, junto a la formación profesional, de Ofertas de Empleo Público con todas las vacantes, de una verdadera carrera profesional y de la clarificación de las funciones de cada puesto de trabajo.
 

2.- El Ministerio Fiscal no es una institución independiente en la actualidad: es el Gobierno quien nombra a su titular “a dedo”; éste, a su vez, nombra “a dedo” a los cargos de mayor responsabilidad de las fiscalías, y éstos, a su vez, también “a dedo” nombran a los puestos intermedios de dichas fiscalías. Y todo el personal de la carrera fiscal está obligado a actuar acatando las directrices de la Fiscalía General del Estado.

El ministro Campo ha anunciado que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal obligará a una modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal y, para garantizar la independencia de los y las fiscales en la investigación de los delitos respecto a los gobiernos de turno, es imprescindible modificar el sistema de nombramiento del/la Fiscal General del Estado y que no sea la discrecionalidad, sino el mérito y la capacidad, los que determinen los nombramientos en las jefaturas y puestos intermedios de las fiscalías. De lo contrario, este nuevo modelo de proceso penal estará abocado al más rotundo fracaso.