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    CCOO denuncia al Ministerio de Justicia por la privatización de los servicios de interpretación y traducción para los órganos judiciales

      El Ministerio ha destinado 2.762.580€ para realizar este trabajo por personas externas a ala Administración de Justicia.

      12/11/2020.
      Ministerio de Justicia

      Ministerio de Justicia

      Tal y como CCOO informó, se ha publicado en el BOE de 10 de noviembre de 2020 el anuncio de la adjudicación a las empresas Seprotec y Ofilingua de los servicios de Interpretación y traducción en los órganos judiciales adscritos a las Gerencias Territoriales, nueva privatización de servicios públicos a las que nos llevamos oponiendo reiteradamente, porque es un claro intento de entregar completamente este servicio público a empresas privadas, cuyos intereses no son la defensa del servicio público y el acceso en condiciones de igualdad de toda la ciudadanía a la Administración de Justicia, sino el interés económico inmediato.

      Este tipo de decisiones la están llevando a cabo los diferentes ministros de Justicia. No es tolerable la utilización de traductores externos, entre otras cosas, porque existen plazas vacantes en las Relaciones de Puesto de Trabajo, que la Administración se niega a cubrir, por los sistemas de provisión de puestos de trabajo previstos en el Convenio Único del personal laboral de la Administración General del Estado.

      Desde el Sector de Justicia de CCOO, queremos poner de manifiesto la enorme contradicción por el hecho de que se privaticen servicios públicos que están prestando los traductores e intérpretes de la Administración de Justicia y se recurra a la subcontratación de empresas externas, cuando existen decenas de plazas vacantes que no se cubren de manera intencionada por Función Pública y el Ministerio de Justicia.

      Esta contratación externa afecta a todas las comunidades con las competencias no transferidas del ámbito Ministerio: Gerencia Territorial de Baleares, Castilla y León en Brugos, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Castilla y León en Valladolid, Extremadura y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla: en Burgos tres plazas, una de rumano, una de árabe-francés y una de árabe. En Segovia una de árabe-francés, en Ciudad Real una de árabe-francés. Guadalajara una de árabe francés. En Madrid en la Audiencia Nacional, tres de euskera, una de alemán, una de árabe, una de portugués. En Murcia una de árabe-francés, en Melilla tres de árabe-francés, Ceuta una de árabe francés. En León una de árabe-francés

      La insuficiencia de personal viene arrastrándose desde hace años debido a que no se cubren las plazas que se encuentran vacantes de Traductores-Intérpretes, y ello tiene como consecuencia que en la mayoría de órganos judiciales se producen retrasos importantes en servicios vitales para la ciudadanía. Ante esta situación, el Ministerio de Justicia opta por la privatización en vez de recurrir a la convocatoria de las plazas vacantes en la Oferta de Empleo.

      Pero si existe un severo déficit de Traductores Intérpretes es en la Gerencia Territorial de Baleares, donde, de nueve plazas de plantilla solamente están cubiertas tres, con las siguientes plazas vacantes: en Palma de Mallorca, una de Traductor de alemán-ingles, está previsto que solamente quede una plaza de dicha especialidad, una en Menorca, de alemán-ingles y en Ibiza, tres de alemán inglés.

      CCOO exige que se cubran en primer lugar las plazas vacantes y que se convoquen a Oferta de Empleo Público las plazas imprescindibles para atender las necesidades de traducción que solicitan los distintos Órganos Judiciales, que el Ministerio de Justicia pretende privatizar, ya que la cobertura de estos puestos de trabajo por empleados públicos es la forma para que dichos servicios se puedan atender con la calidad que demandan los ciudadanos.

      En este tipo contrataciones por empresas externas a la administración de Justicia no se exige en los pliegos de condiciones ningún control sobre el personal que realizará dicho trabajo, si tienen la titulación necesaria o la cualificación profesional, dejando la selección de personal, a la decisión unilateral de dichas empresas, sin ningún tipo de control por la Administración. El hecho de que no se cubran las plazas que se encuentran vacantes de Traductores intérpretes tiene como consecuencia, en primer lugar, que en la mayoría de órganos judiciales se producen retrasos importantes en servicios vitales para los ciudadanos. Tenemos que resaltar que la traducción y la interpretación tienen en el marco del procedimiento penal un elemento esencial para que las personas acusadas de un delito puedan ejercer su derecho fundamental de defensa. Pero además supone un aumento de las cargas de trabajo, ya que el incremento del volumen de traducciones e interpretaciones y la plantilla actualmente contratada alcanza una ratio que se ha desbordado, por la no cobertura de las vacantes.

      Con este tipo de contrataciones el objetivo no es el ahorro en el gasto, el único objetivo al privatizar, es hacer negocio con los servicios públicos. Es inadmisible la política del Ministerio de Política Territorial y Función Pública de no autorizar la cobertura de las plazas vacantes, además de que son ridículas las convocatorias de las últimas Oferta de Empleo Público. La Administración no atiende adecuadamente las necesidades de los servicios públicos que prestan los Tribunales y Juzgados y recurre a empresas privadas para la gestión del personal que potencia la discrecionalidad frente al mérito y la capacidad; está demostrado que la opción de privatizar servicios públicos es mucho más cara, eso lo ha demostrado hasta el Tribunal de Cuentas, que ha resuelto que la gestión pública es más barata que la gestión privada. Con esta cantidad de 2.700.000 euros destinada a las empresas Seprotec y Ofilingua se podría crear casi el doble de plazas de traductores de las ya existentes.

      Luego el Ministerio de Justicia, además de atacar el empleo público, poner en manos de las empresas privadas el derecho constitucional de defensa, sin garantía de que se cumplan los derechos de las personas, dilapida dinero público, lo que es de una gravedad extrema en todo momento, pero mucho más grave en un momento como el que vivimos con la pandemia sin controlar, en el que el presupuesto público debe gastarse con el máximo cuidado y las garantías necesarias.

      CCOO rechaza y denuncia esta decisión, la considera intolerable, porque es contraria a los intereses de la ciudadanía y sin argumentos que la sostengan, pues no nos consta que se haya realizado un estudio detallado y serio que justifique está privatización, y sin más se rechaza cualquier otro mecanismo para atender las necesidades de los órganos judiciales en la realización de traducciones e interpretaciones, que no suponga externalizar los servicios.

      CCOO apuesta y defiende el empleo público, puesto que es la mejor garantía para dar unos servicios de calidad a la ciudadanía a la vez se crean puestos de trabajo para muchas personas que esperan la oportunidad para formar parte de dichas plantillas.

      Por todo ello, desde CCOO exigimos: 


      - La retirada inmediata de este tipo de contrataciones

      - La cobertura de todas las plazas vacantes y el incremento de las plantillas en la próxima de oferta de empleo público, junto a la dotación de los recursos necesarios para atender las demandas de los Órganos Judiciales, porque con los y las empleadas públicas se garantizan dichos servicios, de forma que puedan atender con la calidad y la objetividad que demandan, y a la que tiene derecho la ciudadanía

      También exigimos que el Ministerio de Justicia se dirija a Función Pública para solicitar un mayor número de plazas de traductores/as como personal funcionario en las próximas convocatorias de Ofertas de Empleo Público, para que las personas traductores-Intérpretes del Convenio Único, puedan presentarse a estas plazas por promoción interna. Tenemos información de que el Ministerio de Interior y el de Asuntos Exteriores se han dirigido ya a Función Pública, en este sentido.

      Además, CCOO exige a Función Pública que se inicien de una vez los procesos de conversión del personal laboral a personal funcionario (lo denominado cambio de régimen jurídico), especialmente para Traductores Intérpretes, que es una de las actividades del Anexo II del IV Convenio Único. Y que sea un proceso en el que se tenga en cuenta la enorme experiencia acumulada por este personal y el acceso a la nueva condición se base en la actividad práctica que realizan cada día estas personas.